La verdad mi estimado lector es que me quedé no frío, sino helado, al leer una nota publicada el pasado 11 de octubre de 2021 en los espacios del Grupo Reforma en la que se da cuenta de la visita de un grupo de integrantes de la Agencia Federal de Aviación norteamericana (FAA) a la Agencia Federal de Aviación Civil mexicana (AFAC), y cito: “para revisar el avance en las observaciones que se hicieron y que llevaron a México la degradación de su calificación en seguridad aérea”, asunto a todas luces preocupante dados los altos riesgos inherentes a la aeronáutica civil, publicación en la que se informa que una parte tan sustancial del actual marco legal aeronáutico en México, como son la Ley de Aviación Civil, su reglamento y otros instrumentos relacionados por ejemplo con el Registro Aeronáutico Mexicano y el otorgamiento de licencias, permisos y certificados de capacidad para el personal técnico aeronáutico, “NO PERMITEN IMPLEMENTAR EFECTIVAMENTE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN DE CHICAGO”.
¿En serio no es broma?
Y es que lo que leo en la nota me hace pensar que habiendo participado en su negociación y firmado el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional desde el 7 de diciembre de 1944, ratificándolo desde el 25 de junio de 1946, para una entrada en vigor desde el 4 de abril de 1947, en México llevamos la friolera de 74 años sin lograr contar con un marco legal que permita, tal y como ahora se busca, con muchas prisas por cierto, implementar correctamente Chicago y sus anexos.
¿O estoy mal?
Pero si estoy en lo correcto, tal y como me temo es el caso, la pregunta me resulta obligada: ¿Y a qué se dedicaron entonces quienes ostentaron la titularidad de la autoridad aeronáutica mexicana desde 1944?
¿Será que ya estoy muy perdido en esto de los asuntos de lo aéreo, o será que una de las principales funciones, sino es que no la más importante que puede tener quien encabece la autoridad aeronáutica en México y en cualquier Estado Contratante de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es asegurarse que el marco legal nacional permita, para afectos de garantizar hasta donde es humana y técnicamente posible la seguridad de las operaciones aéreas en su territorio, que Chicago pueda ser implementada efectivamente en todo momento en su soberanía?
Si los supuestos anteriores son ciertos, entonces no me queda otra que opinar que me parecen vergonzosos los resultados en la materia, no así los esfuerzos. De hecho, he sido testigo de la titánica y ahora entiendo quizás inútil labor que muchos y muchas en todo nivel han realizado en décadas en la DGAC para presionar a quien hay que presionar para que las cosas se hagan correctamente, comenzando por hacer ellos y ellas de esa manera su labor. El problema quizás radica en los más altos niveles del sistema o en el sistema mismo y sus poderes, que no permiten, por ejemplo, legislar adecuadamente lo que haya que plasmar en un instrumento de cumplimiento obligatorio en el país en los mejores intereses de la sociedad, las labores que realiza y sus relaciones con el extranjero.
Como amante de la historia aeronáutica me duele redactar este texto, pero más me duele pensar en las víctimas que la falta de una adecuada gestión de la seguridad en la aviación civil mexicana ha provocado, y en las que seguramente se les sumarán tarde o temprano de no corregirse de manera definitiva las deficiencias en labor del Estado Mexicano en materia de regulación, supervisión y certificación aeronáuticas. Hago votos para esto suceda pronto y no necesariamente para recuperar cierta categoría, sino para blindar de manera sólida a la AFAC en términos legales, técnicos, humanos, financieros, y administrativos.
No lo puedo negar, como parte de la comunidad aeronáutica nacional, me siento indignado, pero también apenado con mis colegas del extranjero y lo más importante con los usuarios del aerotransporte nacional e internacional en los cielos de México o en los cielos allende sus fronteras en los que operan aeronaves con nuestra bandera.
Los mejores deseos y todo mi apoyo a quienes desde la actual administración de la AFAC y sus entidades superiores, trabajan para que la gestión del gobierno federal corresponda a ese bien ganado prestigio que desde la concepción del Convenio de Chicago se fue obteniendo para nuestra aviación civil, mismo que es evidente que se ha ido perdiendo, al grado de tenernos donde estamos.
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