Al corroborar el Protocolo de Montréal se solucionarían brechas jurisdiccionales que obstaculizan el castigo a delitos ocurridos en vuelo
Ante el aumento de incidentes reportados por reguladores y aerolíneas relacionados con el comportamiento de pasajeros conflictivos en vuelos internacionales, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitió un llamado urgente a sus Estados miembros para que aceleren la ratificación del Protocolo de 2014 para Modificar el Convenio sobre Delitos y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves (Protocolo de Montréal 2014 o MP14).
Desde su adopción el 4 de abril de 2014, el MP14 ha buscado solucionar las brechas jurisdiccionales que obstaculizan la efectiva persecución de delitos ocurridos en vuelos internacionales.
“En el décimo aniversario del MP14, es crucial que los Estados miembros refuercen su compromiso con la seguridad en el transporte aéreo ratificando este tratado esencial. El aumento global de incidentes con pasajeros disruptivos no es solo una cuestión de comodidad para los pasajeros, es un riesgo para la seguridad y la seguridad que requiere una respuesta inmediata y coordinada”, aseveró Salvatore Sciacchitano, presidente del Consejo de la OACI.
En la mayoría de los casos, el Convenio sobre Delitos y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves (Convenio de Tokio 1963) otorga jurisdicción sobre los delitos cometidos a bordo de las aeronaves al Estado donde la aeronave está registrada.
Esto causa problemas si el vuelo aterriza en un país extranjero, ya que las agencias de aplicación de la ley determinan que no tienen jurisdicción.
Por ello, el MP14 aborda este problema al otorgar jurisdicción en el Estado de aterrizaje, otorgando así la autoridad para tratar con pasajeros conflictivos que aterrizan en su territorio, independientemente de dónde esté registrada la aeronave. También se otorga jurisdicción al Estado del Operador sobre los delitos cometidos a bordo de una aeronave registrada en otro Estado.
Sin embargo, el Protocolo solo ha sido ratificado por 47 Estados de todas las regiones del mundo y entró en vigor el 1 de enero de 2020.
“Además de instar a los Estados que aún no lo han hecho a ratificar el Protocolo de Montréal de 2014, la OACI también está animando a los gobiernos a utilizar el conjunto de herramientas para prevenir y responder a los crímenes de pasajeros conflictivos”, afirmó Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.
El material de orientación se proporciona en el Manual de la OACI sobre los Aspectos Legales de los Pasajeros Conflictivos y Disruptivos (Doc 10117 de la OACI), que contiene una lista de delitos que probablemente cometan a bordo de las aeronaves los pasajeros conflictivos y disruptivos, que los Estados pueden optar por incorporar a su legislación nacional.
El Manual también elabora sobre elementos de un régimen de sanciones administrativas que puede ayudar a los Estados a manejar a los infractores de manera expeditiva.
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