Sobra decir que el 2020 fue un año extraordinariamente complicado. No sólo para nosotros en México, ni para el sector aeronáutico nacional; sino para toda la civilización humana. La pandemia que seguimos padeciendo afectó profundamente nuestra forma de vivir, y sin duda marcará un antes y un después en nuestra historia. Los cambios son profundos y trascendentes, y marcarán el desarrollo del resto del siglo XXI. Una crisis como esta marca a una generación; pero esta pandemia tiene el potencial de alterar profunda e inequívocamente la gestión humana para el porvenir.
Todos debimos adaptarnos, buscar alternativas para sobrevivir. En mayor o menor medida lo hemos logrado, y como sector aeronáutico hemos trascendido en retos que parecían insuperables. Tal vez tarde años si no es que una década completa superar los efectos y estragos de esta crisis, pero a nivel internacional se va avanzando en esta dirección, en buena medida por una adecuada gestión de riesgos y amenazas. Pero para el caso mexicano hay una clara excepción.
Imposible es eludir el hecho que durante prácticamente todo el 2020 las autoridades mexicanas en materia aeronáutica jugaron un papel impactantemente pasivo, complaciente, inseguro, polivalente. De hecho, tan sólo fueron un reflejo integral de la postura oficial del gobierno mexicano, es decir, con poquísima seriedad, minimizando el tamaño del problema y esperando ser llevados por la tendencia en vez de ser catalizador y promotor de soluciones.
No debemos olvidar que mientras que la OACI y otras entidades internacionales en materia aeronáutica internacional publicaron medidas contundentes para hacer frente al COVID-19, con el aporte de numerosas naciones en todos los continentes y a todos los niveles, México se limitó a una postura tibia, endeble, y básicamente pasiva. La evidencia fue clara y contundente: las medidas oficiales impuestas y promovidas por cada país del mundo fueron recopiladas y publicadas en portales de internet públicos. Ahí quedo claro en su momento que México no se tomó en serio la pandemia, y el efecto de ello lo seguimos viendo.
Claramente, algunos acríticos e irreflexivos lectores podrían señalar que la OACI “se encuentra manipulada por otros intereses”, como afirmó el titular del ejecutivo federal mexicano en una declaratoria ofensiva, sin sustento y completamente tendenciosa como producto resultante de su molestia por la negativa de esta entidad por validar al “aeropuerto” Felipe Ángeles al no contar esta con las mínimas medidas de seguridad y de las condiciones requeridas de aeronavegabilidad. En un desplante con mínima prudencia y recato, se le acusó de corrupción y de tomar sobornos de agentes político-económicos de administraciones anteriores. OACI prudentemente respondió con mesura ante estas acusaciones infundadas y producto de un arrebato emocional; y el tiempo acabó dando razón a este organismo internacional, y se prevé que en futuro venidero se confirmen a totalidad sus observaciones.
Y el 2021 esta siendo exactamente eso. En los apenas tres meses que lleva este año, así como en el segundo semestre del pasado, hemos visto un número extraordinariamente alto de accidentes e incidentes aéreos. Algunos con víctimas fatales, otros tantos solo con daños materiales; algunos connatos que pasaron desapercibidos, y otros inclusive en plenas pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Pese a que ya contamos con la Agencia Federal de Aviación Civil, que en teoría debe ocuparse de promover un entorno de seguridad integral en la aeronáutica mexicana, el número de accidentes se ha incrementado considerablemente.
Pero lo que es peor: un buen porcentaje de estos incidentes no involucraron aeronaves civiles, sino militares. Lo anterior sólo se puede explicar por una causa, la cual trágicamente se ha mencionado y referido en ya demasiadas ocasiones en múltiples espacios. Debido a un inadecuado e ineficiente manejo de la administración pública hay problemas profundos en la transmisión de recursos a labores esenciales de la aeronáutica del Estado Mexicano. Debido a una “austeridad” mal concebida, los recursos necesarios para refacciones y para insumos requeridos para mantenimientos preventivos se han visto aún más escasos para la Fuerza Aérea y la Aeronaval. A esto debemos sumar que los tiempos de práctica, instrucción y de adiestramiento tanto de tripulaciones, pilotos, personal de mantenimiento y soporte se han limitado a un extremo peligroso.
En el ámbito civil se vive una situación similar, pero por causas ligeramente distintas. Debido a la baja de la demanda en el transporte aéreo por causas de la pandemia, aunado a la negativa del gobierno de estimular al sector aeronáutico y a las incesantes presiones innecesarias a muchas aerolíneas nacionales, éstas debieron recortar insumos y tiempos para instrucción y adiestramiento integral. Era eso o sacrificar toda su empresa, y algunas no lograron salvarse de todas maneras. En peor posición no se les pudo poner, pues se vieron forzadas a elegir entre invertir lo necesario en mantenimiento preventivo y en adiestramiento, o bien en recortar gastos al máximo y esperar tener la oportunidad de volver a retomar operaciones.
En el caso civil y militar, estos gravísimos costos efectuados en el 2020 tienen sus consecuencias en el 2021. Como es de esperarse, la gran mayoría de los incidentes que hemos visto pudieran haberse prevenido, y algunos accidentes con víctimas fatales ni siquiera debieron suceder. Existe un problema grave en materia de mantenimiento y práctica integral, y esto no esta escapando a las autoridades internacionales, mientras que a las domésticas parece esto les tiene sin cuidado.
Con exceso de prudencia muchas entidades internacionales no se han pronunciado al respecto, pero no nos sorprendamos que en el futuro cercano lo hagan. Estos recortes draconianos son totalmente negligentes, y están costando vidas humanas y recursos materiales innecesariamente. De hecho, que exista este riesgo interno a la seguridad aeronáutica mexicana es intensamente preocupante, y esto tan sólo disuade aún más la inversión y la colaboración internacional.
El camino de solución simple, pero no fácil. En primer lugar, debemos reconocer que existe este problema. Las autoridades nacionales no se han pronunciado al respecto, y esto se debe muy posiblemente que desde su perspectiva esto no es un problema generalizado, si es que acaso lo reconocen como tema. Esto es algo en que todos debemos hacer consciencia y promover a la reflexión para fines de identificación.
En segundo lugar, habiendo logrado lo anterior, debemos replantear el paradigma gasto-inversión. Meterle tiempo, recursos monetarios y materiales al adiestramiento, la capacitación, a la instrucción, al mantenimiento y a la previsión no es un gasto, es una inversión. El costo de invertir siempre será menor que el costo de un gasto producto de un accidente o incidente. Debemos hacer consciencia, y evitar ahorros mal entendidos, pues a la larga, salen demasiado caros.
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