Ya han pasado varios meses en los que el Ejército, a través del Ejecutivo, ha hecho patente su deseo de controlar cada una de las instituciones aéreas del país, incluyendo Servicios Aéreos a la Navegación (Seneam), la cual ya tiene una propuesta de reforma para ser controlada por el ejército; la Agencia Federal de Aeronáutica Civil (AFAC), dirigida por el general en retiro, Miguel Enrique Vallín Osuna; el aeropuerto de Santa Lucía, dirigido por el General en retiro, Isidoro Pastor Román; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dirigido por el vicealmirante en retiro, Carlos Ignacio Velásquez Tiscareño y, próximamente, el aeropuerto de Tulum (actualmente en construcción), y está en entredicho, por no ser todavía muy claro ni confirmado, el aeropuerto del norte ADN en Monterrey, lo que pone a las fuerzas militares geográficamente y estratégicamente situados en el Centro de México, en el Norte y en el Sur del país para tener el control aéreo total.
Por lo que claramente se puede ver, la intención de que el Ejército controle eventualmente las operaciones aéreas del país y la AFAC sea la única entidad oficial autorizada para facultar al personal aéreo, a través de los exámenes psicofísicos y los trámites administrativos requeridos para la revalidación y certificación de licencias y permisos.
Y para rematar, el Ejército busca crear una aerolínea militar que busque tomar el control total de las aerolíneas mexicanas, a través de una competencia totalmente desleal y desbalanceada al darle subsidios y privilegios a su proyecto.
Está claro que el inquilino de Palacio busca privilegiar a las Fuerzas Armadas, para que eventualmente éstas estén a sus órdenes, poniendo en riesgo el estado de derecho del país.
A menos de 14 meses del término de este sexenio, solo nos resta esperar que no se consolide esta aberración, que el estado de derecho predomine y que, sobre todo, se respete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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