La empresa española Summerwind GSA, es una compañía especializada en representar a aerolíneas que operan pocos vuelos en mercados donde les saldría muy caro tener una oficina exclusiva para atender unos cuantos viajes, ya que pagar renta, salarios, infraestructura, etc., puede ser muy oneroso para una empresa que apenas está probando un aeropuerto y no tiene suficiente masa crítica para sostenerse.
Summerwind GSA, establecida en 1999 por Federico Lledó Soria, creó en 2016 una subsidiaria en Quintana Roo, Summerwind Latam, con otros socios de nacionalidad española, los hermanos Antonio y Guillermo López Lázaro, que en España tienen la empresa Euroairlines, con el fin de prestar estos servicios en el aeropuerto de Cancún.
Tuvieron clientes como TAG (Transportes Aéreos de Guatemala), Compañía de Aviación Paraguaya y Evelop Airlines, las cuales, durante la pandemia, no pudieron ejercer las operaciones contratadas a Summerwind Latam por razones obvias, aunque ya habían pagado los servicios.
Los hermanos López Lázaro, sin decirle nada a su socio Lledó Soria, cambiaron la composición accionaria de la empresa con la falsificación de algunas firmas, según consta en un dictamen pericial, y desviaron recursos que en principio se contabilizaron en 500 mil euros, pero que ahora se ha ido revelando que las cuentas de la empresa se usaron para manejar recursos por hasta 5 millones de euros, sin que los servicios supuestamente otorgados tengan el soporte suficiente para acreditarse, de acuerdo con otro dictamen que ha documentado las operaciones de transferencias.
En resumen, se trata de empresas que han usado el entramado de la estructura económica del estado de Quintana Roo para hacer operaciones que no han quedado claras, lo cual motivó una orden de aprehensión contra los hermanos López Lázaro, e incluso una ficha roja de la Interpol para que sean extraditados desde Madrid.
Estos hechos constan en la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/FEDP/144/2024 de la Fiscalía Especial de Delitos Patrimoniales de Quintana Roo y aunque los inculpados quisieron recurrir a un amparo, éste les fue negado porque el juez no encontró en sus alegatos razones de peso para darles este beneficio, y en cambio sí se han ido comprobando otros hechos -como el uso de las cuentas de la empresa para gestionar otros fondos- que ameritan la presentación de estas personas.
No es la primera vez que la aviación y las aerolíneas se han usado para realizar actividades ilícitas o al menos sospechosas. Lo cierto es que este tipo de problemas empañan a una actividad que debemos cuidar por su peso específico en la economía y el servicio que deben prestar a usuarios nacionales y extranjeros.
De ahí la necesidad de que las autoridades no dejen que los indiciados dejen pendiente este caso, sino que sean extraditados para que respondan de ello. En la medida en que los casos se esclarezcan habrá mucho menos impunidad y más confianza para la inversión en el rubro de aviación en el país.
Esto debe ser parte también de una política de estado, que abra al escrutinio público todas las actividades como estipula la Ley de Aviación. Uno de los problemas que acusa el sector aéreo en latinoamérica es que hay casos que no llegan a ser investigados o que, siéndolo, no puedan llegar a buen puerto. Ojalá que no sea el caso. E-mail: [email protected]
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