A menos de un mes de que se llegue el día en que el presidente López Obrador fijó como fecha para el inicio de operaciones de la nueva Mexicana de Aviación, hay demasiados pendientes en la agenda como para creer que la aerolínea nacerá con todas las de la ley.
En primer lugar, aún no se ha pagado a los trabajadores de la antigua Mexicana la segunda parte del reintegro prometido. Es decir, falta cubrir un poco más de 400 millones de pesos de ese pendiente que, en teoría, estaría saldando el pasivo que dejaron los expropietarios de la Primera Línea Aérea de Latinoamérica.
En segundo lugar -y sin duda, lo más importante- es que dicha aerolínea no tiene aún el Certificado de Operador Aéreo (AOC) ni los registros de sus aeronaves, los supuestos 10 equipos Boeing 737 MAX y, claro, a 23 escasos días del gran acontecimiento la nueva Mexicana ya debería haber hecho las muchas pruebas correspondientes, las tripulaciones deberían estar completamente listas y con sus roles corriendo y los aeropuertos a donde van a volar ya deberían haber recibido no digamos las solicitudes de espacios y servicios, sino la visita de los operadores e incluso vuelos de reconocimiento.
Ha sido, además, muy poca la información oficial que se ha dado a conocer acerca del gran acontecimiento (porque ahora todo es “seguridad nacional”), pero se sabe que la propuesta de la empresa situada en Texas, la llamada Petrus, cuyo brazo arrendador es SAT Aviation, de Luis Evia, aún no logra la adjudicación de los equipos. Trascendió que, con ayuda de un personaje relevante, SAT Aviation estaría buscando un crédito -incluso de un banco de desarrollo-, lo cual sería irónico por no decir cínico, ya que estaría triangulando la operación vía una empresa privada emplazada en el extranjero, para rentarle aviones a una instancia gubernamental.
Debido a esas dilaciones, la Secretaría de la Defensa habría buscado ya al menos un alterno (en aviación siempre hay que tener un alterno) para poder arrendar aviones de forma directa, lo cual reduciría el costo de la renta mensual de estos equipos, pero obligaría a la recién creada Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) a cumplir una serie de requisitos que, sin duda, llevarían tiempo.
De las muy diversas propuestas que la Sedena recibió, se sabe que cada equipo B 737 tiene un costo por arrendamiento de aproximadamente 350 mil dólares mensuales, es decir, 3.5 millones por las 10 aeronaves, lo que al año harían 42 millones de dólares y si el contrato de arrendamiento se hace por un mínimo de 6 años, el compromiso se elevaría a 252 millones de dólares; es decir, sólo en ese pequeño detalle se gastaría la totalidad del presupuesto que se le habría asignado para su creación. Faltarían los salarios, los adiestramientos de tripulantes, las refacciones, los costos de operación y un largo etcétera que, claro, debería salir del presupuesto federal.
Por el momento, sin embargo, y ante el tamaño del compromiso que tiene la Sedena, no se descarta que la Fuerza Aérea le “preste” sus aeronaves B-737 con todo y tripulaciones, las mismas que hicieron un largo periplo para rescatar a algunos connacionales varados en Israel al inicio de la guerra con Gaza. Hay quien lo duda, pero ¿hay otra opción? E-mail: [email protected]
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