Se ha escrito y comentado hasta la saciedad sobre la consulta de esta semana sobre la ubicación de un nuevo aeropuerto. Pocos han sido quienes han aportado soluciones al galimatías que se puso delante de sí el nuevo gobierno y menos aún quienes pueden decir con certeza si una u otra opción de aeropuerto es mejor.
Sin embargo, de acuerdo a la ley y al deber ser, la decisión y la responsabilidad de la ubicación seguirá siendo del Estado, a través de su nuevo gobierno, y no hay nada que se diga o se haga que sea capaz de modificar esto: las consecuencias económicas, políticas, sociales, históricas, serán de quien estampe su firma en el decreto (o lo que se requiera para hacer efectiva la opción decidida).
Conviene, sin embargo, tomar en cuenta que la decisión irá acompañada de desembolsos del erario público o, en su caso, de préstamos, inversiones y participaciones del sector privado. La opción de Texcoco tiene muy claro su esquema de financiamiento (70% de inversión pagadera con las TUA’s futuras y 30% con recursos del sector público o, en su caso, de nuevas fuentes privadas). Lo que no está tan claro es cómo financiar Santa Lucía.
Se ha dicho -con bastante sentido común- que Toluca deberá utilizarse en cualquier caso para los vuelos adicionales, en lo que está disponible el siguiente aeropuerto. Toluca es una asociación entre el sector público (ASA y el Edomex con la española OHL). Ya los nuevos funcionarios anunciaron que invertirán 5,000 millones de pesos para mejoras en éste y en el AICM. Dicho sea de paso, al AICM le urge invertir en mejorar la infraestructura que cada día está más deteriorada y es riesgosa.
Parte del problema es que si la interacción Santa Lucía-AICM es complicada, sumarle a esta ecuación un Toluca comercial con mayor capacidad, sería casi una obra de trapecista. Todo esto requiere necesariamente un estudio serio de una consultora reconocida internacionalmente y que deje claro cuál sería la máxima capacidad de los tres aeropuertos funcionando al máximo.
Antes de hacerlo, será indispensable acordar con las aerolíneas que operan en México la aceptación para la segregación de tráficos en tres aeropuertos diferentes, para estar seguros que esta combinación puede sostenerse financieramente con los flujos esperados. No puede asumirse paladinamente que lo que funciona para Texcoco funcionará para la tercia Lucía-AICM-Toluca ni que las aerolíneas y los usuarios estarán tan dispuestos a transitar de aquí para allá cotidianamente, en lugar de buscar opciones más simples y por lo tanto menos costosas para su tiempo y su bolsillo.
Pero hay además algunos puntos que se han pasado por alto en la promoción de un eventual aeropuerto comercial en Lucía. Esta base aérea sólo posee una pista y una calle de rodaje, ambas diseñadas para aviones militares de peso diferente y con impactos muy reducidos pues las operaciones son escasas. Un estudio de suelo sería urgente.
Hay también al menos 1,500 familias que viven en ese polígono. Hay casas, escuelas, deportivos, comercios, iglesia, vialidades e instalaciones militares que habría que remover. El costo de todo ello no ha sido calculado y menos aún, quién hará el pago.
Conviene repensar la propuesta que acaba de hacer Carlos Slim en Guadalajara, durante la Cumbre de Negocios: concesionar al sector privado la construcción y operación. Sería un excelente negocio para cualquier empresa y no tan bueno para el Estado, pero lo otro, pagar por no hacer Texcoco y sí hacer Santa Lucía, eso sí sería ruinoso para el erario público.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables, resarcirle a los trabajadores su patrimonio y dejar de culparlos por el quebranto. E-mail: [email protected]; twitter: @charoaviles
Facebook comments