No cabe duda que la aviación es un tema muy “sexy”. Todo el mundo quiere hablar de ella y opinar, aunque no siempre sepan. Lo peor es cuando hay decisiones que pueden afectar a la industria y que son tomadas por dependencias que por alguna razón tienen injerencia en el sector, lo que termina por dañar al transporte aéreo de todo un país.
Un caso emblemático en México ha sido la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece, antes CFC). En algún momento se hará un recuento completo de lo que le ha costado al país y a la aviación sus intromisiones (que, entre otras cosas, propiciaron quiebras, entre las más importantes la de Mexicana de Aviación y todas sus consecuencias para el empleo, el crecimiento económico y la estabilidad del sector).
Sabemos que ha opinado sobre los slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin tener todos los datos correctos y sin tomar en cuenta ni a las instancias establecidas, ni a las herramientas que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) tenía previstas para la gestión de slots, sino proponiendo mecanismos que implican cero experiencia y más gasto.
Pero lo que llama la atención de las resoluciones y pronunciamientos de la Cofece es que los hacen sin tener toda la información del caso. Esto ya se vio en el tema de los slots, pero acaba de suceder otra vez en el tema de la turbosina que se expende en los aeropuertos del país.
Como se sabe, la mayor parte de los aeropuertos mexicanos fueron construidos por el gobierno federal. Para administrarlos, en su momento se creó el organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares que, como su nombre lo indica, incluía también los servicios que las aerolíneas requieren para operar. Entre otros, el abastecimiento de combustible, un insumo que produce y distribuye Pemex en exclusiva desde 1938 y que era almacenado en las terminales aéreas y suministrado a las aeronaves por ASA, también en exclusiva.
Y aunque en los 90’s se privatizaron la mayoría de los aeropuertos y otros se quedaron en poder de ASA, el servicio de suministro de combustible continuó, simple y llanamente porque la exclusividad de Pemex permanecía, porque ambas empresas son estatales y la Constitución (que no se ha cambiado en absoluto) determina que todas las funciones que el Estado ejerce de forma exclusiva no constituyen monopolios, según lo apunta con mucho tino el abogado especialista en derecho aeronáutico, Pablo Casas.
Ahora que se ha realizado la reforma energética, desde enero de 2016 salieron las disposiciones para el transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y desde noviembre del año pasado, ASA envió a la Comisión Reguladora de Energía las reglas para que los privados que deseen incursionar en este negocio utilicen la capacidad de almacenamiento de ASA en los diversos aeropuertos.
Es decir, el organismo estatal ha cumplido con las disposiciones y en los tiempos establecidos en las modificaciones a las leyes y reglamentos, para que le sea posible “privatizar” su servicio de almacenamiento y comercialización.
Pero Cofece se lanzó hace unas semanas a exigir que se privatice el servicio de almacenamiento y comercialización de turbosina en los aeropuertos, para que haya competencia en el sector y “bajen los precios” (por su decreto soberano, suponemos).
Es decir, ni siquiera se han dado a la tarea de revisar lo que ASA ha realizado y ya están exigiendo que hagan lo que ya hicieron. Si estaba muy difícil acercarse a los especialistas, bastaba con leer los periódicos. Pero tal vez sea pedir demasiado.
Lo oí en 123.45: Además, se debe investigar y hacer justicia en el caso de Mexicana de Aviación: anular las irregularidades, castigar a los responsables y resarcirle a los trabajadores su patrimonio. E-mail: [email protected]; twitter: @charoaviles
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