Petrus Aero Holdings iba hacer el apoyo para conseguirle 10 aviones B737
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) resolvió que la empresa pública que controla Mexicana de Aviación debe entregar los contratos para el arrendamiento de aviones con la empresa Petrus Aero Holdings y cualquier otra empresa para el arrendamiento de aviones.
En el análisis del caso, la ponencia de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas determinó que la reserva de los contratos es improcedente, pues se trata de información de naturaleza pública desde su creación.
Y es que un solicitante presentó una queja ante el INAI porque el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) reservó la información sobre el arrendamiento.
Argumentó que forma parte de un expediente judicial derivado de una demanda en contra de Mexicana de Aviación por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales.
La Comisionada advirtió que, si bien existe un juicio en tribunales de Estados Unidos por la demanda contra la aerolínea del Estado mexicano, los contratos se firmaron antes de la controversia jurídica y no refieren una actuación, diligencia o constancia propias del procedimiento jurisdiccional en curso.
Por lo tanto, no se puede validar la reserva, por lo que publicar y actualizar los contratos es una obligación prevista en la Ley Federal de Transparencia, explicó.
“Tiene el objetivo de transparentar el actuar de la autoridad en los procesos de contratación de bienes o servicios, que no significa otra cosa más que la transparencia del uso y destino de recursos públicos”, aseveró.
El Pleno del INAI revocó por unanimidad la respuesta del GAFSACOMM y le ordenó entregar a la persona solicitante copia de los contratos que celebró Mexicana de Aviación con Petrus Aero Holdings y con cualquier otra empresa para el arrendamiento de aviones.
Ante esto, Juan Carlos Machorro, socio de la consultoría Santamarina & Steta, recordó que GAFSACOMM firmó un contrato con esa empresa estadounidense -que en realidad está controlada por mexicanos-, Petrus Aero Holdings, la cual se encargaría de dar apoyo logístico para conseguirle aviones B737, lo cual, al final no se logró, por lo que el Grupo Aeroportuario decidió hacer negociaciones con Embraer.
Ante esto, la compañía estadounidense -el 27 de marzo de 2024- demandó a Mexicana de Aviación, ante un tribunal en Nueva York, Estados Unidos, por incumplimiento de contrato.
Como lo reportó A21, esta empresa demandó a la aerolínea del Estado mexicano por 838 millones 535 mil 804 dólares más el “gasto de bolsillo” correspondiente a 2.4 millones de dólares.
En 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) habría contratado los servicios de SAT Aero Holdings para “echar a andar” las operaciones de la aerolínea Mexicana de Aviación.
La compañía tenía que entregar, a través de una arrendadora, 10 aviones a la aerolínea, sin embargo, nunca recibió los pagos correspondientes al arrendamiento. El pago señalado por la empresa, era de 5.5 millones de dólares.
El socio de la consultoría Santamarina & Steta dijo que la demanda se fue reduciendo, “pero no sabemos cuál es el estatus actual, es probable que esté en vías de lograrse algún acuerdo con la empresa; ciertamente esperamos que no en las dimensiones de la demanda original”.
Por su parte, Carlos Torres, especialista en aviación, mencionó que, en su momento, SEDENA hizo un negocio con un bróker de aviones -un intermediario conocido por muchas de las empresas y representantes legales de arrendadoras de aviones en México-, quien se comprometió a conseguir los 10 aviones para la Secretaría y ésta lo hizo en el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero se vino abajo esta negociación y como que le quedaban 4 meses a la SEDENA para iniciar operaciones lo que hizo fue “voltear al mercado a ver quién le daba aviones y en éste no había disponibilidad de aviones”. “Le vieron la cara al Gobierno de México”, aseveró el especialista.Por su parte, Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (INIJA) comentó que la demanda está reservada, sigue vigente, pero en Estados Unidos estas demandas se manejan de una manera más rápida o a través de firma de contratos de confidencialidad.
“Entonces, o no ha avanzado, cosa que dudo, o la otra es que lo solventaron, pagaron algo -el Gobierno mexicano-, y hay un convenio de confidencialidad para no decir nada”, expresó.
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