Piden que Alas Uruguay se declare en quiebra

Luego de que la aerolínea Alas Uruguay dejara de operar, el Fondo para el Desarrollo de Uruguay (Fondes) ha solicitado a las cortes uruguayas que esta empresa declare su bancarrota, con base en lo estipulado en la ley federal, y que le regresen a este organismo un préstamo de 15 millones que recibieron durante la administración de José Mujica.

El 24 de noviembre de 2016, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) señaló en un informe que Alas Uruguay "dejó de reunir" los requisitos de su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC).

Ante esto, Fondes arguye que ya se han cumplido 60 días desde que esta aerolínea cesó operaciones y por tanto deben declararse en bancarrota, ya que no tienen la posibilidad de cumplir sus obligaciones financieras. El artículo 4 de la ley 19.387 de Uruguay establece que cualquier negocio que deje de operar por más del periodo mencionado, significa que ha tenido un cierre permanente de operaciones.

Desde 2012, Fondes es el fiduciario que tiene como objetivo apoyar el financiamiento de proyectos o emprendimientos que sean sostenibles económica y financieramente. Este organismo, cuyo fideicomitente es el Poder Ejecutivo, ha llevado su caso a las cortes comerciales para impugnar que Alas Uruguay no puede cumplir sus obligaciones financieras y así recuperar los 15 millones de dólares.

Por su parte, Alas Uruguay ha declarado públicamente y en las cortes uruguayas que Dinacia no les ha revocado su autorización de operador comercial y que siguen funcionando como empresa. También sostiene que actualmente presta servicios de hangar en el Aeropuerto Internacional de Montevideo.

Representantes de Alas Uruguay que se han opuesto al planteamiento de Fondes, señalaron que la compañía sigue operando y que su sede administrativa sigue abierta. Al mismo tiempo, declaran que han pagado sus obligaciones inmediatas y que los bancos no les han rebotado cheques a su nombre.

Las cortes determinarán si Alas Uruguay pagará la cantidad disputada con los bienes de la empresa o si levantarán represalias civiles en contra de los directores de la empresa.